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EDITORIAL
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor de la sanguinaria etarra Inés del Río y en contra de la aplicación de la 'doctrina Parot' es un revés para España. Basta con observar la reacción de indignación de las víctimas y la euforia con la que el mundo 'abertzale' ha recibido el fallo para hacerse una idea de hasta qué punto es desastroso. La consecuencia inmediata será la puesta en libertad de más de 70 criminales múltiples -la mayoría terroristas, pero también violadores- que, de otra manera, habrían pasado entre rejas bastantes años más. La decisión de Estrasburgo es la mayor victoria lograda por ETA en los tribunales. Con ella se pone punto final a la 'doctrina Parot', una interpretación jurídica de la ley que avalaron el Supremo y el Constitucional. Gracias a ese criterio, los beneficios penitenciarios pasaron a aplicarse sobre el total de las penas impuestas y no sobre el cumplimiento efectivo de las mismas, que nunca podía exceder de los 30 años. De no haberse aplicado esa doctrina, a la hora de la verdad tenía igual castigo matar a una persona que a 15. Así lo ha alegado ante Estrasburgo la Abogacía del Estado, aunque sin éxito.
Debió cambiarse antes el Código de 1973
El Tribunal entiende que hacer esa lectura equivale a romper el principio de no retroactividad de la ley. Nadie ha discutido nunca ese precepto. Lo que hizo la Justicia en España en 2006, y por eso lo apoyamos, fue una nueva interpretación de la liquidación de condena, no un cambio de la normativa sobre la marcha. No se trataba de revisar las sentencias para imponer penas mayores a los reos, sino de evitar soltarles antes del tiempo máximo de privación de libertad establecido en el antiguo Código. De esa forma se impidió la excarcelación de criminales que habían sido sentenciados a miles de años y que veían la oportunidad de volver a la calle antes de haber cumplido siquiera 20.
Los ministros de Justicia e Interior saludan ayer a M. M. Blanco, de la Fundación de Víctimas, y Á. Pedraza, de la AVT. / EFE
Cabe plantearse si España ha defendido suficientemente bien su posición ante la Corte Europea. Ya es una desgracia que el único representante español en el Tribunal haya sido Luis López Guerra, magistrado muy próximo al PSOE a cuyo abrigo ha hecho carrera. El hecho de que ya en Sala se pronunciara a favor de la tesis de la etarra debería haber sido motivo suficiente para su recusación en la votación del Pleno. Pero es que en el año 2000 ya se opuso al cumplimiento íntegro de las penas con el argumento de que "el problema vasco es político". Él mismo ni siquiera ha tenido la decencia de abstenerse.
Por otra parte, los proetarras han jugado sus cartas. Han contratado a los mejores abogados británicos en la materia y hace tiempo que desarrollan labor de 'lobby' en las instituciones europeas en favor de sus tesis. El resultado final es descorazonador: 15 de los 17 magistrados que decidían han convenido que España violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Con todo y con ello, la causa principal que ha llevado a este penoso desenlace ha sido la falta de claridad del Código Penal de 1973. Sorprende que esa ley no se reformara en lo sustancial hasta 1995. Es a los gobiernos anteriores a los que hay que pedir explicaciones. Habrá que preguntarse por qué el mismo Ejecutivo que puso en marcha la guerra sucia y el crimen de Estado, mantuvo vigente el Código Penal del franquismo. En los años de plomo de ETA, y pese a tener mayoría absoluta, los gobiernos de Felipe González blandieron la tesis buenista de la reinserción y la redención de penas. Pero sólo de cara a la galería. A oscuras aplicaba la ley del talión en busca de atajos para lograr sus objetivos. Si en lugar de acudir a las cloacas González hubiera recurrido al Parlamento, como era su deber, Inés del Río -condenada a 3.828 años por 26 asesinatos- no saldría ahora en libertad tras haber cumplido menos de un año por cada víctima.
Como bien dice hoy en estas páginas Joseba Arregi, "las preocupaciones políticas y mediáticas progresistas han estado centradas en los presos, en la humanización de su situación como condición para la consolidación de la paz", dejando de lado lo sustancial: "el debate en torno a la democracia, sus requisitos, la necesidad de aceptar el pluralismo". Esa visión de la izquierda pretendidamente progresista de lo que son los delitos y las penas es la que lleva al PSOE a seguir oponiéndose a la cadena perpetua revisable, aunque eso suponga cerrar los ojos al verdadero requisito de la reinserción: el arrepentimiento.
La sentencia de Estrasburgo es particularmente dañina porque no sólo beneficia a los etarras juzgados con el viejo Código: también supone una válvula de oxígeno para el mundo 'abertzale' que les apoya, y que logra su objetivo de erosionar la imagen de España. Ahora puede insistir en los foros internacionales en su relato de la opresión. El fallo envalentona a los radicales y lo más probable es que asistamos en los próximos meses a homenajes de los terroristas.
Todo el peso de la ley contra los proetarras
Ante el panorama que abre la sentencia, las instituciones del Estado deben actuar con determinación. "Si cae la 'doctrina Parot', deben caer los proetarras", dijimos en el editorial que publicamos en 2012 cuando la Corte emitió su primera resolución. Es de ley que España acate la decisión del Tribunal, pero por lo mismo, debe explotar el aval que le dio Estrasburgo en su día al refrendar la ilegalización de Batasuna. La Justicia ha de actuar contra los partidos que son su continuación. No debe permitir actos de enaltecimiento del terrorismo ni de humillación a las víctimas. No tiene que aplicar automáticamente la excarcelación a los etarras que están en una situación similar a Del Río, caso de asesinos que participaron en atentados especialmente repugnantes como el de Hipercor o el de la casa cuartel de Zaragoza. Habrá que analizar uno a uno antes de decidir. El Gobierno vasco ya ha pedido una política penitenciaria más benévola. No puede haber tal: las condiciones están tasadas por la ley y tienen que cumplirse en todos sus extremos. Hay que garantizar que ni un solo euro de indemnización llegue a los bolsillos de criminales que se han declarado insolventes para no resarcir a las víctimas. La insensibilidad que hacia ellas supone esta sentencia debe tratar de ser reparada por todos los medios posibles: dándoles la visibilidad que han perdido, escuchándolas e impidiendo que los terroristas y quienes les apoyan consigan que cristalice el discurso de que no debe haber vencedores ni vencidos. Sólo así ganará la democracia.
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