La otra cara del suicidio de Amaya

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CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

¿Por qué Amaya Egaña llevaba más de dos años sin pagar la hipoteca del piso donde vivía con su marido y con su hijo?

Nadie ha respondido hasta ahora a esa pregunta, que es relevante por cuanto el suicidio de la ex concejal socialista de Éibar ha desencadenado todo un movimiento en contra de los desahucios, encabezado por los jueces, seguido por el sindicato mayoritario de la Policía y que ha obligado al Gobierno y al PSOE a acelerar la negociación para la reforma de la ley hipotecaria.

Amaya (sin duda una mujer bondadosa y cumplidora de sus obligaciones) vivía angustiada desde hacía mucho tiempo. Había avalado con su piso a su hermano (en situación económica apurada), hecho que había ocultado a su esposo. Aunque la familia ingresaba 4.500 euros al mes, desde julio de 2010 no hacía efectivo el pago de su hipoteca. Amaya tampoco le contó a su marido que el día 9 de noviembre una comitiva de desalojo iba a presentarse en su domicilio. Ella dejó escrita una nota para su marido: había tomado la decisión de suicidarse. Cuando los miembros de la comisión llamaron al portero automático, ella les abrió y luego se tiró por el balcón.

Es un terrible drama humano que revela el sufrimiento de una mujer que tal vez pensó que su marido no le perdonaría la ocultación de la decisión de ayudar a su hermano.

Sin embargo, el caso de Amaya, con ser un suceso conmovedor, no se corresponde con la tipología de los desahucios, que tienen que ver en general con una pérdida de ingresos de las familias, provocada porque alguno de sus miembros o todos han quedado en paro y eso les imposibilita pagar la amortización de su hipoteca.

Lo que dicen las estadísticas es que, mayoritariamente, las familias pagan sus créditos, y las que no pueden hacerlo (un 10% del total) hacen todo lo posible por llegar a un acuerdo con los bancos para seguir manteniendo sus viviendas. Según datos oficiales, en lo que va de año tan sólo se han producido en España 2.000 desahucios de primeras viviendas. La AEB reduce esa cifra a 1.400. Los datos que ha dado el CGPJ, según los cuales se han producido más de 300.000 desde 2007, incluyen también los de segundas viviendas y los de locales comerciales.

El Gobierno y el PSOE han acordado medidas para paliar la tragedia que supone la pérdida de la vivienda. Pero no todos los desahucios son iguales. Hay que evitar que jubilados con pensiones bajas, discapacitados o parados que han pagado parte de sus hipotecas se queden en la calle. Pero el peligro que tiene la situación actual (en la que lo políticamente correcto es defender que no se desahucie a nadie) es el efecto llamada.

En estos momentos, la banca tiene prestados 800.000 millones para la compra de viviendas (600.000 millones para vivienda habitual).

¿Qué ocurriría si se produjera un movimiento para no pagar las hipotecas? Que todas las medidas que se han tomado hasta ahora para sanear al sistema financiero no servirían para nada. Sería como una bomba atómica para el sector. La pérdida del margen y la entrada en pérdidas de las entidades sería uno de los efectos del efecto llamada de no pagar las hipotecas. El otro, afectaría a la financiación. Los bancos reciben decenas de miles de millones del BCE utilizando como colateral sus cédulas hipotecarias. Si el BCE observa que la solvencia de esas cédulas se reduce por el impago de hipotecas, no las aceptaría ya como garantía, lo que llevaría al colapso del sistema.

Si la solución que arbitren el Gobierno y el PSOE no evita ese efecto llamada, España podría estar al borde de un corralito financiero. Al final, los ciudadanos deben entender que el impago de las hipotecas no va contra el dinero que cobran los banqueros, sino contra sus depósitos en los bancos.

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