Un viaje irresponsable en el momento más inoportuno

Tras una semana de angustias bursátiles sin cuento, con la prima de riesgo por las nubes y con Repsol en el punto de mira de Cristina Fernández de Kirchner, los españoles se despertaron ayer 14 de abril -día de conmemoración del inicio de la II República- con la sorpresa de que el Jefe del Estado había tenido que ser trasladado a Madrid desde la remota Botsuana para ser operado de urgencia. Don Juan Carlos había sufrido la rotura de una cadera al tropezar en su bungalow mientras se hallaba en una cacería de elefantes.

Transcurridas 24 horas de la intervención efectuada por el competente doctor Villamor, tenemos ya minuciosos detalles de la cirugía y de su estado de salud, pero carecemos de un relato fidedigno del viaje tanto por parte de la Casa del Rey como del Gobierno, que rehuyeron dar explicación oficial alguna. Sólo sabemos con certeza que el Monarca partió para Botsuana el domingo por la noche y que regresó a Madrid en la madrugada de ayer para ser operado.

De nada sirve poner al frente de la comunicación de la Casa a un profesional de prestigio ni impulsar una rimbombante Ley de Transparencia, cuando las instituciones administran con cuentagotas la información sobre hechos tan relevantes como un accidente del Monarca. Hace pocos días, los periodistas fueron invitados a La Zarzuela y nada se les dijo de que el Rey estuviera fuera de España.

Ni la Casa del Rey ni el Gobierno pueden aferrarse a que se trata de un viaje privado por cuanto las actividades del Rey son de interés público, como sucede en Gran Bretaña, donde siempre se informa de los desplazamientos y el paradero de la reina. Si los ciudadanos hubieran sabido que el monarca estaba fuera, habrían entendido la razón de por qué no fue a visitar a su nieto a la clínica donde está internado tras autolesionarse con una escopeta.

FALLOS DE COMUNICACIÓN. El primer error fue el cometido por el propio Jefe del Estado, que se limitó a comentar a Rajoy que no despacharían el lunes de Pascua pero ni le avisó de que pensaba desplazarse al extranjero, ni menos aún de que participaría en una nueva cacería en África. Parece una obligación elemental del Jefe del Estado facilitar una información de esa entidad al Gobierno.

El segundo fallo -imputable a la Casa del Rey- es que transcurrieron alrededor de 36 horas desde que el accidente se produjo hasta que se emitió la primera nota, informando someramente de la operación. Fuentes oficiales justificaron esta tardanza con el pretexto de evitar una alarma innecesaria en la opinión pública, pero ese argumento es tan paternalista como endeble.

Y el tercer error -con mucho, el más grave- es el silencio guardado ayer por la Casa Real y el propio Gobierno, de tal suerte que no existe ninguna versión oficial fidedigna de lo que sucedió a lo largo de esos cinco días en los que el monarca estuvo en África.

Habría que conocer las circunstancias concretas para matizar más nuestras opiniones, pero, a partir de lo que hemos podido saber, se trata de un viaje irresponsable, realizado en el momento más inoportuno. Y ello porque resulta muy poco ejemplar el espectáculo de un monarca cazando elefantes en África cuando la crisis económica en nuestro país provoca tantos problemas a los españoles, incluidas algunas situaciones familiares dramáticas. Ello transmite una imagen de indiferencia y frivolidad que el Jefe de Estado jamás puede dar.

No cabe otro remedio que recordar sus palabras en el último mensaje navideño cuando aseguró que «necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos» y advirtió que él mismo tenía «el deber de observar un comportamiento ejemplar», unas frases que aplaudimos entonces en estas páginas.

Todavía se escuchan las manifestaciones de Don Juan Carlos hace un mes en un acto en Barcelona cuando afirmó que el paro juvenil le «quita el sueño» o cuando hace tres semanas dijo a los principales empresarios de este país que «debemos arrimar el hombro porque la situación es muy seria».

Todas estas sensatas aseveraciones no son compatibles con ir a cazar elefantes en África, una actividad que suscita el rechazo de una buena parte de la población y que se identifica con el quehacer de millonarios ociosos. Igualmente, no parece apropiado que el Rey, que acababa de pasar por dos operaciones similares, practique deportes de riesgo.

EL COSTE DEL VIAJE. El mutismo de ayer de la clase política, salvo contadas excepciones, contrasta con el frenesí de las redes sociales, donde no se hablaba de otra cosa. Una de las cuestiones que se suscitaban en internet era quién ha pagado este viaje a Botsuana y cuántas cacerías ha realizado el monarca en África o en otros lugares. Hay que recordar que cuando en agosto de 2005 se produjo la muerte de 17 militares españoles en el accidente de un helicóptero en Afganistán también estaba cazando en Botsuana y diversos testimonios indican que entremedias ha reiterado la experiencia más allá de lo prudente. Fuentes oficiosas aseguran que los desplazamientos en esta ocasión fueron pagados con fondos privados, pero aún así el Ejecutivo debería informar del coste para el Erario Público porque el Monarca se desplazó -como suele ser habitual- acompañado de cuatro escoltas y su médico.

Suponiendo que su viaje y su estancia fueran satisfechos por un grupo de empresarios, la opinión pública tiene todo el derecho a saber la identidad de esas personas porque el Rey no debería aceptar regalos que superen determinada cuantía y menos si vienen de ciudadanos con intereses en nuestro país. Según la Constitución, al Monarca no se le pueden exigir responsabilidades penales, un privilegio en función del cargo que le obliga a ser muy cuidadoso en su conducta. No hace falta recordar que un ex presidente autonómico fue juzgado recientemente por haber aceptado cuatro trajes de regalo.

Don Juan Carlos ha rendido grandes servicios a la nación, pero su conducta no ha sido nada ejemplar en este asunto. No solamente ha hecho daño a la institución que encarna sino también a la imagen exterior de España. Ello obliga al Gobierno -y en su caso al Parlamento- a adoptar las medidas necesarias para que un suceso como éste no se repita.

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