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EDITORIAL DE EL MUNDO
El veredicto de no culpabilidad de Camps restablece su inocencia tras haber sido acusado de cohecho impropio y le exime de pagar una multa de 41.000 euros. Habrá quien objete que la sentencia es polémica, y siempre existirá el debate de si un caso de estas características -en el que el principal procesado es el personaje más notorio de la región, alguien que ha obtenido varias mayorías absolutas y cuyo partido gobierna la autonomía desde hace 17 años- es el más adecuado para ser juzgado con jurado popular. Pero ni siquiera lo apretado del veredicto -cinco votos a favor de su no culpabilidad contra cuatro- o que se haya dado más credibilidad a la declaración del escolta de Camps que a otros testimonios, resta legitimidad a la decisión del jurado.
La vista se ha celebrado con las reglas que establece la Ley y los miembros del jurado han considerado que no está «totalmente probado» que Camps y Ricardo Costa recibieran regalos en condición de su cargo. Por eso han aplicado la máxima que en Derecho establece que, en caso de duda, hay que fallar a favor del acusado.
Es cierto también que esta sentencia implica el hecho insólito en nuestro país de que de los cuatro imputados inicialmente por los mismos delitos, dos hayan sido declarados inocentes y los otros dos condenados como culpables. Como es sabido, Campos y Betoret, colaboradores del ex presidente, reconocieron los hechos y pagaron la sanción correspondiente. El propio Camps estuvo a punto de hacer lo propio.
Camps puede decir ahora que no mintió sobre los trajes y que ha sido restablecida su credibilidad, pero eso es algo subjetivo que queda al criterio de cada ciudadano. Incluso podría alegar que, dado que presentó su dimisión un mes después de la investidura como un «sacrificio» para allanar el camino de Rajoy a La Moncloa, ahora queda en condiciones de recuperar su posición. Sin embargo, lo que no altera la sentencia es su responsabilidad política. Estamos en dos planos diferentes.
Camps, inocente de haber recibido prendas de vestir con la intención de corromperlo, es sin embargo responsable de haber intimado con una trama que tenía como objetivo llenarse los bolsillos con dinero público y a cuyo cabecilla se dirigía con expresiones como «amiguito del alma». De eso no puede redimirle el veredicto. Es más, lo que hemos conocido en la vista oral nos reafirma en lo que siempre sostuvimos: que Camps no era la persona adecuada para gobernar una comunidad autónoma. Y no hay más que mirar la herencia que deja para convencerse de ello. Hace sólo tres semanas, el Gobierno tuvo que salir al rescate de la Comunidad Valenciana, que de otra forma hubiera entrado en quiebra.
Al margen del posible recurso de la Fiscalía, Camps aún puede tener que superar otros escollos, como el caso Urdangarin, el asunto de la financiación irregular del PP valenciano por empresas que trabajan para la Generalitat o el de los encargos a la trama Gürtel con motivo de la visita del Papa. Por eso sorprende que la secretaria general del PP reaccionara preguntándose ante los medios cómo se restablece «la honorabilidad» de Camps. Si Cospedal se refiere a la penal, ésta ya ha quedado clara: ahí está la sentencia que le rehabilita. Si se refiere a la política, entonces la respuesta la tiene que dar su partido. ¿Está dispuesto el PP a reponerle en la presidencia del partido o de la Generalitat? No parece lo más aconsejable.
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