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El auto del juez Ruz emitido en la tarde de ayer, después de haber examinado la documentación del caso y de tomar declaración a Teddy Bautista y los directivos de la SGAE, arroja bastante luz sobre un escándalo que sorprendió a todos el pasado viernes, cuando el polémico presidente de la sociedad fue detenido por la Guardia Civil. El instructor de la Audiencia Nacional dejó en libertad sin fianza a Bautista y dos colaboradores -únicamente se les retira el pasaporte-, pero con cargos bastante graves, ya que les imputa delitos por los que podrían ser condenados hasta a 10 años de cárcel y elevadas multas. Concretamente el juez ha visto indicios de apropiación indebida «de especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación», un delito que el artículo 252 del Código Penal aplica a «quienes en perjuicio de otro se apropiaren de dinero, efectos o valores (...) que hayan recibido en depósito, comisión o administración». Asimismo el auto del juez imputa a los tres directivos por «administración fraudulenta», que puede castigarse hasta con cuatro años de prisión. Además, Teddy Bautista salió de la Audiencia imputado por «un delito societario por negativa o impedimento a los socios del ejercicio de los derechos de asociación y participación», castigado con doce meses de multa.
Tal y como puede deducirse del auto judicial, la detención de los responsables de la SGAE estaba plenamente justificada, ya que hay materia suficiente para seguir la instrucción emprendida contra ellos. El hecho de que el juez les haya dejado en libertad sin fianza demuestra que Ruz se ha comportado de forma prudente, al no apreciar riesgo de fuga. Aunque existan indicios contra ellos, la causa no ha hecho más que empezar, por lo que será necesario esperar quizá bastantes meses para saber si los directivos resultan condenados. Pero hay dos cosas fuera de toda duda. La primera es que los delitos de los que se acusa al presidente de la SGAE son lo suficientemente graves como para que no deba continuar ni un día más en el puesto. La segunda es que el Gobierno tiene que abrir de forma inmediata un debate acerca de la regulación legal de esta sociedad.
Porque no estamos ante una empresa o compañía como las demás. La SGAE no tiene ánimo de lucro y su objetivo es la defensa de los derechos de autor, que ejecuta, por cierto, esquilmando a todos los ciudadanos y cobrando cánones cuya legalidad está en cuestión -el digital ha sido anulado parcialmente por un tribunal europeo- y encima recibe subvenciones públicas. Tanto los autores que ponen sus derechos en manos de la SGAE como los españoles que pagan por ellos no se merecen un presidente imputado. Por la propia naturaleza de la SGAE, la responsabilidad que cabe exigir a Teddy Bautista al instarle a dejar el cargo no puede ser la misma que la del presidente de una sociedad anónima, sino idéntica a la que afecta a los cargos públicos. Cometerían un grave error los miembros de la nueva junta directiva, si el próximo día 12 se atrincheran y proponen a un hombre bajo grave sospecha como presidente.
Tal vez la protección de la que han gozado por parte del Gobierno de Zapatero, a quien muchos de los artistas defensores de Bautista ayudaron en sus exitosas campañas electorales, les lleve a resistir. Pero tampoco el Gobierno podrá cerrar los ojos durante mucho tiempo ante un escándalo que sí le concierne. Aunque las declaraciones del portavoz del PP, acusando a Zapatero de ser «íntimo amigo» de los implicados puedan resultar exageradas, lo cierto es que el Ejecutivo tiene una responsabilidad en los hechos, por renunciar a su deber de control sobre un dinero que al fin y al cabo es un impuesto que pagamos millones de españoles.
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