Asesinato y suicidio del Constitucional

  • El autor cree que la frivolidad de los partidos y la actitud de los propios magistrados han dado la puntilla al TC
Luis Parejo

Luis Parejo

JORGE DE ESTEBAN

El asesinato y el suicidio de un mismo sujeto puede ser ciertamente una contradiccin, pero lo que quiero especificar aqu es que las acciones, incluso involuntarias, que se vienen sucediendo para acabar con la vida del Tribunal Constitucional, han seguido dos vas diferentes. En primer lugar, un intento de asesinato lo han llevado a cabo los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, aunque tambin algunos partidos nacionalistas, todos ellos participantes en esta orga funeraria. Y, a continuacin, el intento de suicidio lo ha realizado naturalmente el propio Tribunal Constitucional, aunque ciertamente no por unanimidad, sino por mayora, quien parece haber decidido hacerse el harakiri.

La tentativa de asesinato protagonizada por los dos grandes partidos nacionales se ha caracterizado sobre todo por su falta de acuerdo para cumplir los plazos que marca la Constitucin y la Ley Orgnica del Tribunal Constitucional para renovar a sus magistrados. Como es sabido, los 12 miembros del Tribunal Constitucional se renuevan cada tres aos, y los encargados de elegir a cada tercio son el Congreso de los Diputados y el Senado, que eligen cada uno cuatro miembros, y el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial que escogen dos respectivamente.

Pues bien, desde hace ya varios aos no se cumplen nunca los plazos establecidos, lo cual no sera demasiado grave si se tratase de una prrroga que no alcanzara los seis meses. Eso fue lo que ocurri hasta que lleg al poder Zapatero, pues a partir de entonces, por unas razones o por otras, las prrrogas en la eleccin de los magistrados, especialmente los que debe elegir el Congreso y el Senado, es decir los partidos polticos. Digmoslo de una vez, se han ido alargando hasta el punto de que los magistrados que deban ser elegidos por el Senado en el ao 2007, fueron finalmente nombrados tres aos despus. Es ms, el fallecimiento hace dos aos de uno de los magistrados en ejercicio, tampoco se ha cubierto hasta ahora. Y en lo que respecta a los cuatro magistrados que debe elegir el Congreso -tres, adems del que falleci-, todava no han sido nombrados, por lo que siguen en su puesto, los magistrados Eugenio Gay, Elisa Prez Vera y Javier Delgado, sobrepasando ya los seis meses desde que acab su mandato.

El cumplimiento de los plazos que se establecen en el ordenamiento jurdico, cuando se refieren a los gobernados, como todo el mundo sabe, operan como si fuesen una guillotina. Pero lo que obliga a los gobernados de forma tan radical, no parece que afecten a los gobernantes, que estn igualmente obligados por la Constitucin al cumplimiento de todas las normas jurdicas. Este incumplimiento de los plazos que afecta a la seguridad jurdica, sera ya una muestra del intento de asesinar al Tribunal Constitucional, que es la cpula de nuestro Estado de Derecho. Dejar al Tribunal Constitucional que funcione durante aos con magistrados interinos es, como digo, un intento de menoscabar gravemente su vida regular.

Pero hay ms. El actual Gobierno de Zapatero no slo no ha cumplido los plazos en la renovacin, sino que ha modificado por dos veces la LOTC para que pudiese seguir en la presidencia, Mara Emilia Casas, porque le interesaba polticamente, en razn del voto de calidad que hara desempatar concretamente la sentencia que refera al Estatuto de Catalua. Por consiguiente, el Gobierno de Zapatero no slo no cumple las leyes, sino que modifica las mismas para no cumplir la Constitucin. Esto no puede denominarse ms que un intento de asesinato del TC.

Ahora bien, aunque la culpabilidad sea menor, tambin acta como cmplice del asesinato el propio Partido Popular, puesto que tambin es culpable de que no se hayan renovado los puestos de magistrados en su debido momento, a causa de su intransigencia. Concretamente se paraliz la renovacin del Tribunal en varias ocasiones por la testarudez de Federico Trillo, al proponer un candidato, Enrique Lpez, que no aceptaba el PSOE, por las razones que fuesen, sean o no discutibles. Aqu se trata nuevamente de seguir ese viejo dicho castellano de mantenerla y no enmendarla. Y sino se levanta el veto por parte del PSOE, ni el PP cambia de candidato, el asesinato del Tribunal Constitucional dejar de ser tentativa para convertirse en real. Cuando son tres las partes que componen este rompecabezas, es decir, el PSOE, el PP y el propio Enrique Lpez, basta con que una de las tres partes ceda. El PP proponiendo a otro candidato, el PSOE aceptando al candidato que ha vetado hasta ahora, pero tambin, en tercer lugar, existe una grave responsabilidad de Enrique Lpez, por no renunciar a su presentacin como candidato. Se trata de un hombre joven, que puede esperar perfectamente tres aos, para que en la prxima renovacin pueda ser nombrado finalmente magistrado, si es que as se decide. Pero, por lo visto, ninguno de los tres interesados quiere dar el paso necesario.

Y vayamos ahora a la tentativa de suicidio que, como he dicho antes, no se trata de un acto realizado por el Tribunal Constitucional en Pleno, sino por una mayora de magistrados que podramos denominar gubernamentales. Incluso los pertenecientes a esta mayora, duraron tres aos en decidir si se hacan el harakiri totalmente o slo un poquito. Me refiero a su comportamiento con respecto a la sentencia sobre el Estatuto de Catalua.

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Al final, despus de muchas vacilaciones, de idas y venidas, de modificacin del texto de la sentencia en cuatro o cinco ocasiones, salvaron los muebles con una sentencia que no declara, como debera, inconstitucional a todo el Estatuto, sino nicamente a algunos de sus artculos. Con todo, el Constitucional ya sali muy tocado con este medio harakiri... Ahora parece ser que el suicidio est a punto de completarse, sino se ha consumado ya, con respecto a la sentencia reciente que declara la legalidad de Bildu, una de las franquicias de ETA. La gravedad de esa irresponsable sentencia la estn pagando una gran mayora de ciudadanos vascos y, por extensin, todos los espaoles.

Voy a enumerar las consecuencias ms visibles de una sentencia, que nunca debiera de haber sido dictada, permitiendo por seis votos a cinco que Bildu se presentase a las recientes elecciones en el Pas Vasco y en Navarra. En primer lugar, esta sentencia es contraria a la propia Constitucin por la sencilla razn de que da preferencia en su argumentacin al ejercicio del derecho de participacin poltica, reconocido en el artculo 23, en lugar de haber tenido en cuenta lo que sealan los artculos 15, el derecho a la vida, y el 16, el derecho a la libertad, que ETA y sus franquicias no han respetado en los ltimos treinta aos. En segundo lugar, esta sentencia, hay que decirlo con toda contundencia, anula prcticamente la Ley de Partidos Polticos del ao 2002, que tan til ha sido para evitar que los polticos relacionados con el terrorismo entrasen en las instituciones vascas, aunque algunos se colasen por irresponsabilidad del Gobierno. Y lo mismo cabra decir respecto de algunas de las nuevas prescripciones, que se han introducido en la reciente reforma de la LOREG, dirigidas a evitar que los partidos relacionados con ETA, pudiesen presentarse a las elecciones.

En tercer lugar, la sentencia es una grave violacin de lo establecido por la Constitucin, puesto que desautoriza al Tribunal Supremo en su decisin de prohibir la presentacin de Bildu a las elecciones, la cual estaba totalmente documentada con argumentos irreprochables. De esta forma, el TC se convierte en un tribunal de supercasacin, en contra de lo sealado en la Constitucin. En cuarto lugar, todo viene a indicar que esta sentencia ha estado condicionada por el propio Gobierno, puesto que pone de manifiesto la dependencia de la mayora del Tribunal respecto al mismo.

No hace falta dar ms pruebas de este gravsimo hecho. Basta con sealar que el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso de los Diputados declar urbi et orbi que sera una sentencia «agradable», naturalmente para el Gobierno y para ETA. Ahora estamos asistiendo ya a sus nefastas consecuencias, puesto que Bildu se ha convertido en un partido dominante en el Pas Vasco y obtendr jugosas cifras para sufragar los gastos de ETA. Muy pocos espaoles, sean de la tendencia que sean, entienden este suicidio del Tribunal, que no solo ha acabado con su prestigio, sino que nadie justifica ya la necesidad de su existencia.

Y por ltimo, acabamos de asistir a la renuncia de los tres magistrados, aparte del fallecido, que acabaron su mandato hace seis meses. Se trata de los magistrados Javier Delgado, Elisa Prez Vera y Eugenio Gay, este ltimo Vicepresidente del Tribunal. Pues bien, no se trata de una renuncia conjunta de los tres, sino que hay que explicarla individualmente por razones obvias. El primero, Javier Delgado, a pesar de haber soportado una enfermedad de la que todava no est curado, ha tenido la responsabilidad irreprochable de ser fiel al mandato de la Constitucin y de haber presentado un voto particular en las sentencias del Estatut y de Bildu. Su renuncia est ms que justificada para no tener que seguir con la incertidumbre de desconocer hasta cundo tendra que estar en funciones. Elisa Prez Vera, en su carta al presidente del Tribunal, dice que no puede admitir que no se respeten los plazos establecidos en la Constitucin y que, por consiguiente, ha decidido presentar su renuncia, apoyada tambin en razones personales que no explica. Sin embargo, si lo hace por respeto a la Constitucin, poda haberlo dicho mucho antes. Pero ha aprovechado la renuncia de Javier Delgado para subirse al mismo carro.

Y, en cuanto al vicepresidente Eugenio Gay, es evidente que su renuncia viene condicionada por dos razones: por una parte, porque siendo el tercero de los magistrados que llevan ya seis meses en situacin interina, no poda quedarse, con el trasero al aire, al margen de los otros dos. Pero, sobre todo, por otra parte, porque con esta renuncia trata de ocultar la ilegalidad de su nombramiento como vicepresidente, puesto que su aceptacin de un cargo del que no tiene los requisitos exigidos por la ley, comportara que se descubriese tal ilegalidad en razn de intereses personales y egostas. Su renuncia, pues, es una mera coartada, para poder afirmar que l ya dijo que deban cumplirse los plazos varias veces antes. Pero si fuese as, que explique porqu acept un cargo al que no poda aspirar. En Espaa las apariencias siempre engaan, pero slo hasta que se descubre la verdad de los hechos.

Jorge de Esteban es catedrtico de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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