ESPAÑA
En julio se cumplirán cuatro años desde que el Partido Popular recurrió al Constitucional el Estatuto de Cataluña. En este intervalo, el Alto Tribunal ha sufrido fuertes presiones de partidos y medios de comunicación, insólitas en democracia.
Bajo estos intentos de coacción subyace la atrevida presunción de que los magistrados que deberán decidir sobre la legalidad del texto actuarán como correa de transmisión de los intereses del partido político que propuso su nombramiento.
En su composición actual, ese planteamiento hipotético dejaría al Tribunal en una situación de empa [...]
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